RESUMEN DEL ARTÍCULO

El Tribunal Constitucional ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos retenidos como garantía económica tras el cese de las medidas de coerción en un proceso penal. Los fondos fueron aportados por Roberto Michel, pero la entidad se negó a restituirlos argumentando que el certificado financiero estaba a nombre de la Procuraduría Fiscal. El TC rechazó ese argumento, confirmó que la titularidad del dinero seguía siendo del depositante y reiteró que las autoridades no pueden retener bienes sin sustento legal. La decisión refuerza un criterio reciente del tribunal contra la retención ilegal de bienes por parte de instituciones públicas.

PUNTOS IMPORTANTES

• El TC ordenó al Banco Agrícola devolver RD$8 millones retenidos desde 2017, pese a que un tribunal ordenó el cese de las medidas de coerción que justificaban la garantía. → La sentencia confirma que la institución actuó fuera del marco legal al negarse a restituir los fondos.
• El banco argumentó que el certificado financiero estaba a nombre de la Procuraduría Fiscal, no del depositante Roberto Michel. → El TC desestimó el argumento al establecer que el mecanismo de garantía no transfiere la titularidad del dinero al Estado.
• El TC invocó el artículo 237 del Código Procesal Penal, que ordena cancelar las garantías y devolver los bienes cuando cesa la medida que las originó. → La decisión sienta jurisprudencia sobre la obligación de las instituciones de cumplir con la devolución automática al extinguirse la causa legal.
• La sentencia se suma a fallos recientes del TC que advierten contra la retención ilegal de bienes y recursos por parte de autoridades. → Refuerza un patrón de abuso institucional que el tribunal busca corregir mediante el amparo de cumplimiento como vía de exigencia.