Proyecto de Ley de Cuidados avanza en el Congreso

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El proyecto de Ley de Cuidados ha retomado fuerza en el Congreso Nacional tras una serie de jornadas de trabajo organizadas por el Ministerio de la Mujer. En estos encuentros participaron legisladores, expertos nacionales e internacionales, y representantes de organizaciones sociales, con el objetivo de analizar y fortalecer la propuesta que busca establecer un marco legal que reconozca el cuidado como un derecho fundamental.

PUNTOS IMPORTANTES

Las actividades incluyeron un taller sobre estrategias parlamentarias en la Cámara de Diputados y un seminario sobre avances legislativos en el Senado, ambos con el respaldo técnico de ONU Mujeres. La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó que los cambios demográficos del país exigen replantear las políticas públicas en esta materia, y señaló que la futura ley podría generar empleos a través de la economía del cuidado.

Uno de los pilares de la iniciativa es crear un Sistema Nacional de Cuidados que garantice tanto el derecho a recibir cuidados dignos como el de quienes cuidan, con condiciones laborales justas. La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión de Género, afirmó que el debate ya no es sobre si se necesita la ley, sino sobre cómo implementarla de manera efectiva.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dahruelly D’Aza, subrayó que la propuesta debe tratarse como una política de Estado, debido a su impacto transversal en la población. Además, advirtió que su implementación deberá ser gradual para garantizar su sostenibilidad y adaptación a las capacidades institucionales del país.

El proceso cuenta con el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y ONU Mujeres, a través del proyecto regional “Transformando las economías”. La consultora Viviana Piñeiro presentó un análisis comparado de legislaciones similares en América Latina, sugiriendo que los distintos proyectos en discusión en República Dominicana podrían integrarse en un texto más amplio y sólido.

De aprobarse, la ley implicaría una coordinación entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado para redistribuir las tareas de cuidado, históricamente asumidas por mujeres sin remuneración. Organismos internacionales consideran que esta medida reduciría las brechas de género, facilitaría la inserción laboral femenina y respondería al envejecimiento poblacional.