RESUMEN DEL ARTÍCULO

Resumen: Industria y zonas francas se oponen a reforma de ley de residuos sólidos

PUNTOS IMPORTANTES

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) han manifestado su firme rechazo a la reciente reforma de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Ambas entidades critican que el proyecto fue aprobado en el Senado sin un proceso de diálogo amplio ni la participación de los sectores productivos y técnicos clave.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, cuestionó que no se haya consultado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible, organismos con competencia técnica en la materia. Según el dirigente empresarial, la iniciativa carece de un análisis de impacto regulatorio y de un estudio técnico que justifique la creación de una nueva contribución especial, la cual consideran una carga adicional sin sustento.

Pujols advirtió que la industria nacional respalda una correcta gestión de los residuos, pero rechaza que se utilice una ley ambiental para resolver problemas históricos de financiamiento de los ayuntamientos. Señaló que la solución a las necesidades municipales debe venir del cumplimiento de las transferencias constitucionales del 10% de los ingresos del Estado, no de impuestos específicos que encarecen la producción.

Por su parte, Adozona criticó que la reforma fuera aprobada bajo trámite de urgencia, un mecanismo que, a su juicio, debe reservarse para situaciones excepcionales. El gremio de zonas francas sostiene que modificar normas que afectan la competitividad y el clima de inversión requiere discusiones técnicas profundas y la participación de todos los actores productivos.

Ambas organizaciones coinciden en que la legislación no debe tener un enfoque meramente recaudatorio, sino que debe priorizar criterios técnicos y ambientales. Tanto la AIRD como Adozona han reiterado su disposición al diálogo y anunciaron que presentarán sus planteamientos ante la Cámara de Diputados, donde el proyecto continuará su proceso de revisión.

El rechazo de estos sectores pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiar la gestión de residuos y la protección de la competitividad empresarial. La discusión ahora se traslada a la Cámara Baja, donde se espera un debate más amplio que podría modificar aspectos clave de la reforma aprobada en el Senado.