RESUMEN DEL ARTÍCULO

El fiscal dominicano Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares en un operativo de entrega controlada, no logró su libertad. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto la audiencia de revisión de su prisión preventiva, acogiendo un recurso del Ministerio Público. La decisión se basó en que la defensa había apelado la medida, lo que reinicia los plazos legales según el artículo 243 del Código Procesal Penal. El caso es relevante por involucrar a un funcionario judicial en un presunto esquema de corrupción que incluye la exigencia de sobornos por hasta 200,000 dólares, bienes de lujo y un vehículo.

PUNTOS IMPORTANTES

• La jueza Nancy Joaquín dejó sin efecto la revisión de coerción al acoger el argumento fiscal de que la prisión preventiva ya había sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia el 3 de junio. → Esto impide que el imputado acceda a una revisión anticipada de su medida cautelar, prolongando su encarcelamiento.
• El tribunal aplicó el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, que reinicia los plazos de revisión cuando una parte apela la medida. → La defensa, al recurrir la prisión preventiva, activó este mecanismo legal que retrasa la revisión obligatoria hasta el 3 de septiembre.
• El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, afirmó que tanto el tribunal de primera instancia como cuatro jueces de la Suprema Corte han coincidido unánimemente en que la prisión preventiva es la medida idónea. → La consistencia judicial refuerza la gravedad del caso y la probabilidad de que el imputado permanezca en prisión durante el proceso.
• El expediente revela que Valdez Alcántara exigió inicialmente 200,000 dólares a una persona bajo investigación, redujo la suma a 150,000 dólares, y además solicitó un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, siendo capturado al recibir 10,000 dólares. → Las evidencias de un patrón de corrupción sistemática y la captura en flagrancia fortalecen la acusación y justifican la prisión preventiva como medida de seguridad.