Zapatero medió con Bolivia para grupo peruano y cobró 200,000 euros, dice informe policial

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Un nuevo informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española señala al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas gestiones de intermediación con autoridades bolivianas en beneficio del grupo empresarial peruano Gloria. Según el documento, fechado el 22 de junio y al que tuvo acceso EFE, estas gestiones habrían estado motivadas por una contraprestación económica de 200.000 euros.

PUNTOS IMPORTANTES

El informe policial da por “acreditado” que Zapatero realizó diligencias para facilitar una reunión entre directivos del grupo Gloria y el entonces ministro de Justicia de Bolivia. Además, se deduce que el exmandatario español solicitó la intermediación del expresidente boliviano Luis Arce, quien gobernó entre 2020 y 2025, para avanzar en los intereses del conglomerado peruano en ese país.

La UDEF describe esta actuación como parte de una “dinámica de intermediación e influencias” que habría estado orientada a beneficiar al grupo Gloria, uno de los mayores consorcios lácteos y alimenticios de la región andina. El caso cobra relevancia por la implicación de una figura política de alto perfil internacional, como es Zapatero, quien ha mantenido vínculos con diversos gobiernos latinoamericanos tras su paso por la presidencia española.

Este nuevo señalamiento se suma a otras controversias previas en las que el nombre de Zapatero ha aparecido vinculado a gestiones empresariales en América Latina. Aunque el exmandatario no ha sido formalmente acusado, el informe policial podría abrir una línea de investigación más profunda sobre sus actividades de asesoría o lobby en la región.

Las consecuencias inmediatas apuntan a un posible escrutinio judicial en España, donde la UDEF ya ha remitido sus conclusiones a las autoridades competentes. Por ahora, ni Zapatero ni el grupo Gloria han emitido declaraciones oficiales, mientras que en Bolivia el caso reaviva el debate sobre la influencia de actores externos en decisiones gubernamentales pasadas.