RESUMEN DEL ARTÍCULO

Los coordinadores de la plataforma Somos Pueblo, Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez, presentaron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional dominicano contra seis artículos del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Los accionantes argumentan que las normas impugnadas, especialmente las que penalizan la difamación con penas de prisión de hasta diez años, violan la libertad de expresión y de información consagradas en la Constitución. El recurso sostiene que estas disposiciones crean un efecto inhibitorio sobre el periodismo de investigación y el control ciudadano, al tiempo que carecen de excepciones legales como la prueba de la verdad. La acción representa un desafío directo al equilibrio entre la protección del honor y las garantías democráticas en República Dominicana.

PUNTOS IMPORTANTES

• Los artículos 208 y 209 del nuevo Código Penal establecen penas de 2 a 10 años de prisión por difamación, incluyendo su modalidad extorsiva → Esto representa una sanción desproporcionada que, según los accionantes, criminaliza la crítica y desincentiva la investigación periodística, debilitando los controles contra la corrupción.
• El recurso sostiene que los daños al honor deben repararse por la vía civil con sanciones patrimoniales, no con penas privativas de libertad → La imposición de cárcel por emitir opiniones genera un efecto inhibidor social que socava la libertad de expresión como pilar democrático.
• El artículo 211 omite excepciones clave como la prueba de la verdad, el error razonable del periodista y la protección reforzada a juicios de valor → Esta ambigüedad jurídica deja a los comunicadores sin defensas legales claras frente a acusaciones por difamación, limitando el debate público.
• La acción denuncia la vaguedad en delitos como injuria, ultraje y difusión de imágenes sin consentimiento, al usar conceptos abiertos como expresiones afrentosas sin parámetros objetivos → La falta de definiciones precisas permite interpretaciones arbitrarias que pueden ser utilizadas para perseguir la crítica legítima.