Interponen recurso ante el TC para obligar a entidades a imponer orden en Gascue y la Zona Colonial

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Un ciudadano, representado por su abogado, interpuso un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional para anular una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declaró improcedente un amparo de cumplimiento colectivo. El recurso busca obligar a la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, el INTRANT, Interior y Policía y la DIGESETT a restaurar el orden público, el tránsito y el medio ambiente en Gascue, Ciudad Nueva y la Zona Colonial. El caso es relevante porque expone una disputa sobre la exigibilidad judicial de la acción estatal en el casco histórico de Santo Domingo y una presunta violación al debido proceso por parte del TSA.

PUNTOS IMPORTANTES

• El recurso impugna la sentencia del TSA que declaró improcedente el amparo por falta de intimación previa, pero el recurrente aporta actos ministeriales que demuestran que sí se notificó a las entidades demandadas. → Esto sugiere que el TSA pudo haber incurrido en un error procesal grave, lo que debilita la validez de su fallo y abre la puerta a su revocación.
• El TSA omitió valorar un informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente sobre el deterioro urbano en los sectores afectados, presentado por la propia Procuraduría Especializada. → La exclusión de esta prueba clave vulnera la tutela judicial efectiva y podría ser un argumento central para que el TC anule la sentencia.
• El recurso involucra a cinco entidades estatales (Alcaldía del DN, Medio Ambiente, INTRANT, Interior y Policía, DIGESETT) como responsables de imponer el orden en el casco histórico. → La decisión del TC definirá si estas instituciones pueden ser obligadas judicialmente a actuar de manera coordinada y urgente en un área de alto valor patrimonial.
• El solicitante pide al TC revocar la sentencia del TSA y ordenar el conocimiento del amparo de cumplimiento colectivo para restaurar la habitabilidad y el orden público. → De ser acogido, el caso regresaría a instancias inferiores para un juicio de fondo, lo que podría sentar un precedente sobre la exigibilidad de la acción estatal en zonas históricas.