Proponen mesa técnica para cobrar daños por accidentes viales

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El Defensor del Pueblo de República Dominicana propuso la creación de una Mesa Técnica Nacional para establecer un protocolo obligatorio de reclamación y cobro por daños a infraestructura vial causados por accidentes de tránsito. La iniciativa busca que las aseguradoras y, en su defecto, el patrimonio del responsable civil cubran los destrozos a postes, semáforos y mobiliario urbano. La propuesta se enmarca en una crisis de siniestralidad vial que, según datos oficiales, ya ha causado más de 1,000 muertes en lo que va de 2026. La relevancia radica en que traslada el costo de la infraestructura dañada del Estado a los responsables y sus aseguradoras, en un contexto de alta mortalidad en carreteras.

PUNTOS IMPORTANTES

• El Defensor del Pueblo propone un expediente obligatorio de reclamación para todo siniestro que dañe postes, transformadores, semáforos, luminarias, barandas o puentes → Esto crea un mecanismo automático de cobro que elimina la discrecionalidad actual y obliga a las aseguradoras a responder por daños a bienes públicos.
• La Superintendencia de Seguros liderará el proceso, con facultades legales de supervisión y regulación según los artículos 235, 237 y 238 de la Ley 146-02 → Concentra la autoridad regulatoria en una sola entidad, lo que puede acelerar la implementación pero también generar resistencia del sector asegurador.
• En casos sin póliza vigente o con cobertura insuficiente, se activará un recobro directo contra el patrimonio del responsable civil, sin perjuicio de sanciones judiciales → Introduce un riesgo patrimonial personal para conductores sin seguro, lo que podría incentivar la formalización de pólizas pero también aumentar la litigiosidad.
• El Observatorio de Seguridad Vial reporta 1,019 fallecidos por siniestros viales en 2026, con mayor concentración en Gran Santo Domingo (116), San Cristóbal (100) y La Altagracia (85) → La propuesta de cobro de daños se da en un contexto de crisis humanitaria, donde la prioridad de política pública debería ser la reducción de muertes, no solo la recuperación de activos.