Más seguridad jurídica y menos incertidumbre

RESUMEN DEL ARTÍCULO

La República Dominicana incumple desde 2010 un mandato constitucional que ordena al Congreso regular las uniones de hecho, generando un vacío legal que afecta a miles de familias. Ante la inacción legislativa, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han suplido la falta de ley mediante jurisprudencia, pero sin eliminar la incertidumbre sobre derechos patrimoniales y sucesorales. La ausencia de criterios objetivos provoca litigios frecuentes y opiniones contradictorias sobre requisitos básicos como el tiempo de convivencia necesario. El artículo insta al Congreso a aprobar una ley integral y propone un registro voluntario de uniones de hecho para fortalecer la seguridad jurídica.

PUNTOS IMPORTANTES

• El Congreso dominicano no ha cumplido en más de quince años el mandato del artículo 55.5 de la Constitución de 2010 para regular las uniones de hecho → la omisión legislativa mantiene a miles de familias en un vacío normativo que genera conflictos judiciales recurrentes.
• La jurisprudencia de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional ha reconocido derechos en uniones de hecho, pero no puede sustituir la función del legislador → la dependencia exclusiva de decisiones judiciales incrementa la incertidumbre y la discrecionalidad en cada caso.
• No existe un plazo legal uniforme para definir una unión de hecho, con opiniones que varían entre dos, tres, cinco años o ningún plazo determinado → esta falta de claridad alimenta litigios y obliga a los tribunales a resolver cuestiones básicas como el inicio y la estabilidad de la convivencia.
• Países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya cuentan con marcos legales específicos para uniones de hecho → la experiencia comparada muestra que regular esta figura es compatible con la protección familiar y fortalece la seguridad jurídica, mientras República Dominicana sigue rezagada.